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Entre los inventarios y los usos de los bienes de la reducción de abipones.

diario sud | 21:42 | 0 comentarios

Desde la fundación de Santiago del Estero, nuestro territorio fue jurisdicción de diversos procesos históricos, políticos y económicos, devenidos por acontecimientos propios o desde las relaciones que existían con el resto de las ciudades de la región del Tucumán, debido a las conexiones caracterizadas por la política de los cabildos, con base en la Gobernación. Más allá de la conocida historia de la evangelización, de los primeros jesuitas que se adentraron en el Chaco y del legado cultural que dejaron con sus instituciones, la Compañía de Jesús conserva una destacada historia económica, determinada por sus Colegios, haciendas, esclavos y chacras, entre otras propiedades. Pero especialmente con las reducciones, las cuales llegaron a poseer cuantiosos bienes. Este breve artículo presenta una pequeña parte de los capitales, animales y elementos de usos diarios que comenzaron a “perderse” en la reducción de abipones desde 1767, es decir, cuando se efectuó el “extrañamiento”, momento en el que las diferentes dependencias del Colegio Jesuita de Santiago del Estero quedaron incautadas y posteriormente fueron divididas en sus custodias. Ante esto, el teniente de gobernador Manuel del Castaño administró como comisionado los bienes y los animales de una parte de las reducciones del Tucumán, mientras que las funciones del superintendente de las temporalidades fueron desempeñadas por el gobernador Juan Manuel Fernández Campero.
Las reducciones o centros políticos-sociales, económicos, militares y religiosos, fueron decayendo en actividades y número de integrantes, debido a los diversos problemas de subsistencia que comenzaron a surgir, como las nuevas relaciones entabladas con los reemplazantes de los misioneros de Loyola (experiencias, entendimientos de los dialectos y de las costumbres y culturas por parte de los padres seculares, para el caso de Santiago del Estero), los conflictos con las “familias agregadas”, los usos de las tierras, las disponibilidades de alimentos, las complicaciones con las decisiones económicas adoptadas por el superintendente y posteriormente por el presidente y los vocales de la Junta Municipal de Temporalidades (en cuanto a la ganadería, elementos de uso diario y alimentos), las acciones ejecutadas por los comisionados y administradores de las reducciones, las arbitrariedades realizadas por los encargados de los bienes, los asaltos cometidos por los reducidos a los comerciantes, los enfrentamientos con los integrantes de las reducciones vecinas, el regreso de una parte de los nativos hacia el bosque, la disminución progresiva del número de vacas, mulas, ovejas, bueyes y caballos, las ventas y los usos particulares de los bueyes y los carretones, los ataques de los enemigos abipones y mocovíes no reducidos y las problemáticas internas que surgieron entre los propios habitantes de las reducciones.
Los inconvenientes de las administraciones no fueron específicos de las reducciones, sino que estuvieron presentes en todas las propiedades confiscadas a los jesuitas.
La diferencia es que en las misiones existían personas residiendo en sus interiores, de modo que la liquidación o venta de los animales los afectaba en sus alimentaciones y actividades diarias, factores que, al poco tiempo, fundamentaron alzamientos y disconformidades manifestadas hacia las autoridades de la Gobernación. El problema principal devenía por la vuelta de los reducidos hacia el bosque, por las uniones con los indios de tierra adentro y por los malones.
Es por ello que las reducciones significaron un aspecto singular de las acciones efectuadas tras la expulsión de los jesuitas, lo que expresa que los coloniales debían mantener en actividad a las reducciones y evitar que los indios realicen nuevas malocas, como respuestas de sus obras confiscatorias.
Una vez consumado el extrañamiento, las actividades ganaderas de las reducciones se observaron con el primer inventario practicado por disposiciones de las autoridades, el cual corresponde al general Manuel del Castaño. Con el paso de los meses, Fernández Campero solicitó, el 18 de julio de 1768, que los jueces encargados “compadezcan prontamente en las ciudades o colegios … para cumplir con dichas tasaciones … y para el más puntual cumplimiento encárgueseles los respectivos testimonios de los inventarios de los colegios y líbreses los correspondientes despachos con inserción de este decreto”. Esto significa que Manuel del Castaño debía entregar a Juan Martínez los inventarios realizados durante su comisión, con las identificaciones determinadas para cada uno de los elementos encontrados.
Pero por la demora en la llegada de los inventarios de Concepción, Fernández Campero comenzó a investigar las actividades ejecutadas por el comisionado. Ante las primeras averiguaciones, Manuel del Castaño elaboró un descargo el 5 de septiembre de 1768, en donde manifestaba que, por la momentánea “ausencia” del mandatario, no había entregado a tiempo los inventarios de la reducción. La mencionada ausencia a la que hace referencia el teniente de gobernador era la concerniente a la detención de Fernández Campero, producida en diciembre de 1767, aunque se encontraba nuevamente en su cargo desde el mes de marzo de 1768. En este caso, el tiempo intermedio es el que se usa como una excusa para solventar un error en la administración, es decir, por no enviar lo requerido, a pesar de la tensión que vivía la Gobernación del Tucumán en esos momentos (¿acaso esto tenía relación con lo realizado en otras actividades que beneficiaron personalmente al comisionado?).
En el mencionado descargo del 5 de septiembre, el comisionado y teniente de gobernador expuso que había 19 bueyes perdidos y muertos en la invernada, con origen en las reducciones de San Esteban de Miraflores y San José. También manifestó que tenía a cargo unos 40 bueyes de Miraflores, 25 de Petacas y un carretón que había marchado, junto con los animales, hacia Buenos Aires con su hermano como encargado, pero se excusaba expresando que los mismos ya se encontraban de regreso (sin especificar el motivo de la marcha y uso de los animales). Según el documento, otros carretones, carretoncillos y cinco carretas estaban en la estancia de su suegro (¿con qué objetivos se encontraban en ese lugar y por qué su hermano disponía de animales de las reducciones?). A continuación, declaró que había extraído de Concepción unos elementos, rematados en la ciudad por el mercader Bartolo Maguna, quien fue el que propuso el comercio. Lo vendido fueron unas 210 arrobas de cebo (4 reales y 1/4 la porción), grasa (5 reales) y 800 cueros (2 reales cada uno). Según Del Castaño, el cebo estaba en riesgo de perderse porque estaba “añejo”, la grasa estaba “rancia de muchos años” y los cueros se encontraban “apolillados”. En la versión brindada por Del Castaño, el valor del dinero, intercambiado por ropa y lienzos, había sido destinado para pagar los “conchabos de los peones de dicha reducción”, en cuanto a los diferentes trabajos que se realizaban diariamente para el mantenimiento de Concepción. El documento también demuestra que el comisionado extrajo 65 reses para ser pagadas con efectos, 10 que fueron destinadas para abonar el trabajo de Diego Lezana y el escribiente (por sus labores en la redacción de los inventarios) y cinco que “se perdieron en el arreo”. Además, del Castaño entregó a su hermano unas 50 reses a cambio de sombreros y cuchillos y otorgó 90 bueyes en préstamo para su tropa de carretas, los cuales debía pagar en fletes corrientes. Por último, al administrador Francisco Ximénez de Paz le había otorgado la orden para que entregue 214 arrobas de cebo al alcalde Antonio del Castillo, correspondientes a 214 pesos cedidos por el mencionado funcionario, en cuanto a ropa para los peones. Según Manuel del Castaño, podía dar cuenta de los recibos de todo lo expresado, “para que de esta suerte quede V.S. satisfecho y mi honor reivindicado”. El documento representa una rendición tardía de cuentas y actividades, el no envío del inventario y la existencia de deudas de bueyes, carretas, carretoncillos y carretones, aunque se manifiesta también las participaciones de terceros, de familiares (su suegro y su hermano), de políticos beneficiados (como Antonio del Castillo, alcalde de segundo voto en turno) y los usos personales y particulares de los bienes de la reducción de abipones y de sus pares que estaban situadas al norte, además de las muertes de animales y las convenientes pérdidas en los arreos. Ante lo expuesto, Manuel del Castaño pidió disculpas al gobernador por no haber comunicado antes estas líneas. Al realizar el descargo ante la evidente falta cometida por no enviar el inventario, el lugarteniente resaltó constantemente su fidelidad hacia su superior.
Tres días después, y en carta dirigida al gobernador, el comisionado recordó que 14 bueyes de la hacienda de San Ignacio se hallaban en poder del maestre de campo Ramón de Cáceres, quien le había pedido un total de 40, ya sean fletados o vendidos. Pero en respuesta a la solicitud, unos 38 fueron enviados desde la reducción hasta Oratorio, arriados por Melchor Asin: 24 vendidos y 14 pertenecientes a la hacienda de San Ignacio, los cuales fueron fletados posteriormente hacia la ciudad de Buenos Aires. El teniente de gobernador se hizo responsable de los mismos y aseguró en la misiva que esos 14 animales ya se encontraban en camino de regreso. Por lo manifestado en las comunicaciones del 5 y 8 de septiembre, desde la Gobernación constataron que Manuel del Castaño debía los 90 bueyes fletados por su hermano y los 14 por Asin, en ambos casos con pie para Buenos Aires.
El 10 de septiembre, Manuel del Castaño, y por orden del superintendente Fernández Campero, compadeció ante el juez comisionado Juan Martínez para dar cuenta de los aspectos de su administración en que estaba siendo acusado, referidos a la saca desde San Ignacio de esclavos, mulas, bueyes, caballos y del mulatillo Santiago, información que fue dirigida al gobernador con fecha del día 20, con rúbricas de Martinez y del administrador Francisco Ximénez de Paz. Sobre el primer punto, el comisionado expuso que no trajo a los esclavos de San Ignacio que se encontraban en la ranchería, sino que ellos mismos habían llegado por sus propias voluntades, por lo que los hizo conchabar para las obras de la ciudad, “para que con su trabajo personal se mantuvieran y vistiesen y no anduvieren vagando”. Sobre las mulas, bueyes y caballos, manifestó que 14 bueyes habían sido fletados a 2 pesos cada uno por Melchor Asin desde la reducción de abipones a Oratorio y a Buenos Aires, “a enterar por las fallas” (a pagar por los que no vinieren), mientras que no hubo saca de mulas y caballos por la sublevación efectuada en el pueblo hacia la mitad de año, además de que había estado al cuidado del Colegio Jesuita de Santiago. Por esta ausencia, también se excusó de dar razón de los ocho bueyes arriados desde la hacienda de San Ignacio por el cura de abipones, Pedro Cortéz de Medina, pero que sabía que tres se encontraban en la reducción, que uno había vuelto a la hacienda y que de los restantes cuatro se anoticiaría por lo hecho por los esclavos, así mismo con los caballos. Sobre el cuarto punto, pidió que se traiga al mulatillo Santiago desde abipones, donde estaba sirviendo al cura Cortéz de Medina, mientras que las 49 reses de San Ignacio sacadas para la manutención de los esclavos, por pedido de Matheo Castaño, habían sido pagadas al precio estipulado. Al mes siguiente se conoció lo dictaminado por Fernández Campero. En el expediente en cuestión, el superintendente hizo responsable a Manuel del Castaño sobre los jornales que debieron ganar los esclavos como conchabados en la ciudad, mientras que también pidió la versión del administador de San Ignacio, Pedro López de Urmendía, sobre si dichos esclavos habían salido de la hacienda con su consentimiento, huyendo o con el influjo del teniente de gobernador u otra persona. Sobre lo segundo, también hizo cargo al lugarteniente por las mulas y caballos que no había recogido, como así también del tercer aspecto sobre las mulas, caballos y el mulatillo Santiago, quien por su orden había pasado a la reducción de abipones. En cuanto a lo referido al dinero gastado en una huerta en la ciudad, le pidió su respectiva rendición de cuentas y la cantidad de esclavos que empleó en dichas actividades.
Por los demás cargos concernientes a los bienes de Concepción, como la falta o saca de “cera, bueyes, carretas y carretones de los indios vilelas, lules e isistines de los pueblos de San José, Miraflores y Balbuena”, mandó el gobernador a que Manuel del Castaño liquide su deuda o se niegue a ella ante el juez comisionado Juan Martínez. En caso de ser así, recibiría una citación para compadecer en su presencia en la hacienda de San Ignacio, para que se practiquen “las diligencias respectivas a esta averiguación y liquidación”.
Pero con el paso del tiempo, y debido a los animales adeudados, lo sucedido fue agravado por un pedido remitido por el doctor Lorenzo Suárez de Cantillana, quien manifestó, en carta al gobernador fechada el 21 de febrero de 1769, que Manuel del Castaño había pedido 25 bueyes de la reducción de los vilelas y que “nunca se devolvieron”, por lo que demandó reconocerlos en la tropa de carretas que se encontraba marchando, para remitirlos nuevamente a San José y a las demás reducciones que hubiesen sido perjudicadas por esa extracción de ganado. Ante esto, se libró una orden para que los guardias de San Miguel detengan al capataz del excomisionado, lo cual se llevó a cabo cuando la tropa de carretas pasaba por “las orillas” de la ciudad de Santiago del Estero, cuando se dirigían a Jujuy por intereses comerciales. En esa oportunidad, las carretas marchaban con ocho bueyes de la reducción de San José, 50 de Concepción, dos de San Esteban de Miraflores y ocho de Ortega, según las identificaciones de las marcas de los animales. Ante esto, el capataz Francisco Gómez se comprometió a entregar los bueyes al regreso de su marcha, lo que cumplió con la administración de las temporalidades de San Miguel, de modo que los animales fueron traspasados a los responsables designados por la Gobernación. Esto significa que, en febrero de 1769, y a pesar de que ya no estaba en funciones como administrador, Manuel del Castaño continuaba utilizando los animales de las reducciones en beneficio personal, además de que no había devuelto el ganado (o una parte) perteneciente a las misiones. Lo detallado en las actuaciones de Fernández Campero en contra de lo actuado por Manuel del Castaño, por su breve administración al frente de los bienes de las reducciones del Tucumán, representan no solamente a las funciones del superintendente de las temporalidades de los padres expulsados, sino también a los conflictos y a las averiguaciones que había llevado a cabo la Audiencia de Charcas con Martínez de Tineo como su presidente, quien era un funcionario enemistado con el gobernador y, además, cercano a los misioneros de San Ignacio de Loyola. Los errores, omisiones e irregularidades cometidas por el excomisionado no ayudaban a la situación de Fernández Campero, ya que se relacionaban con defraudaciones de los bienes gestionados, dentro de su mandato como gobernador y también como superintendente.
Para corroborar y determinar las diversas actividades de extracciones y usos de los bienes de la reducción que había realizado Manuel del Castaño entre 1767 y 1768, se designó a un corregidor de la misión, por intermedio del gobernador Fernández Campero, quien firmó, el 16 de enero de 1769, el título de nombramiento desde la ciudad de San Miguel de Tucumán. Las funciones fueron desempeñadas por el general Francisco Ximénez de Paz, alcalde de primer voto de Santiago del Estero en esos momentos. Tras jurar fidelidad en las salas consistoriales, el recientemente funcionario designado se trasladó a Sumampa para desarrollar sus primeras cuentas de la administración, las cuales se documentaron con fecha del 7 de julio y hasta el 27 de diciembre de 1769, tiempo en el que cesaron sus funciones. De manera formal, Ximénez de Paz reemplazó a Manuel del Castaño, quien le hizo entrega de las enumeraciones y elementos con los que había trabajado en la reducción desde 1767.
De las líneas escritas por Ximénez de Paz, resaltamos que recibió diversos elementos de uso diario, como agujas, botones, espuelas, clavos, cal, cuchillos, navajas, cebo y sombreros, además de 115 novillos, 15 caballos, 23 potros, 21 redomones, tres yeguas y tres terneras. También se detallaron fanegas de trigo, maíz y medidas de yerba, como alimentos de los abipones. Esta primera cuenta arrojó un valor de 679 pesos con 4 reales. A favor del pueblo, y por medio de truque, Ximénez de Paz había adquirido cera blanca, algodón, ají, piezas de Bretaña, añil y cuchillos. Algunos de estos elementos fueron obtenidos a cambio de reses, caballos y bueyes. Por la entrega de 38 fanegas de trigo en Santa Fe, la reducción se benefició con la llegada de dinero, medias de seda de hombre, cuchillos, piezas de Bretaña, sombreros, medias de capullo para mujer, tabaco, chalecos y yerba. Por otra parte, la cuenta de gastos ascendió a 990 pesos con 3 reales y medio (la salida era determinada con elementos de uso diario, ropa, dinero, accesorios, animales y alimentos), determinados por gastos en salarios de capataces y peones (entre ellos los dos pesos con seis reales abonados a “una india cocinera llamada Raimunda”, por el valor de una frazada y una vara de tafetán), conductores de carretas y salidas en beneficio de la familia del administrador.
Por lo referido a las cuentas de Manuel del Castaño, Ximénez de Paz documentó que el exadministrador le había entregado 15 fanegas de maíz, 11 varas de ropa y dos arrobas de alumbre, en cuanto a la suma de los bienes. De manera contraria, unas 665 mulas se registraron como otorgadas a Mariano Salvatierra, por orden de Fernández Campero, mientras que por disposición del lugarteniente se cedieron 210 arrobas de sebo a Antonio del Castillo, 50 novillos a Matheo Castaño y 4 novillos para el doctor Lorenzo Suárez de Cantillana, para la manutención de los vilelas. Además, unas cinco petacas de cera blanca habían sido enviadas a Santa Fe, más precisamente para Juan Francisco Aladao.
De acuerdo con José Ferreyra, el designado por el gobernador para controlar los registros efectuados desde julio a diciembre de 1769, los efectos del pueblo que no se encontraban al momento de las avaluaciones realizadas por Ximénez de Paz, es decir, de lo gestionado en el período anterior, debían ser pagados por Manuel del Castaño, por un total del 90% de 2.643 pesos con 1 real y medio, mientras que el restante 10% debía pasar a la cuenta del actual administrador. A Del Castaño le contabilizaron los faltantes de botones de metal, mazos de gargantillas, gorros de algodón, piezas de Bretaña, varas de bayeta, chalecos, varas de paño, añil, espuelas de hierro, camisas de lienzo, gorros de hilo, cuchillos, frazadas cordobesas y varas de ropa; y gastadas las medidas de yerba, tabaco, cueros y sebo. Por otra parte, Ximénez de Paz se hizo cargo de agujas, botones de metal, mazos de gargantillas, espuelas de hierro, varas de bayeta, tafetán, clavos de hierro, frazadas cordobesas, yerba, pólvora fina, grana, ruedas de carretas, tablas de cedro, 39 ovejas y 30 fanegas de trigo. Esta cuenta general “de todos los efectos que faltaron en el pueblo”, realizada por Ferreyra y complementada por la elaborada por Ximénez de Paz, fue aprobada el 8 de enero por el gobernador.
Estas breves líneas nos representan a la vida de la reducción de abipones, a los alimentos de sus integrantes y a los usos que les daban a los elementos, además de las comercializaciones de ganado y de artesanías y diversas ropas. Pero también manifiestan que, desde 1767, la administración civil comenzó a liquidar los bienes dejados por los jesuitas, ya sean por ventas, arriendos, remates, pérdidas o usos particulares. Estos valores solamente son una pequeña parte de lo encontrado en los inventarios labrados con el paso de los años, lo que significa que la riqueza de las reducciones era importante.
Por los demás cargos concernientes a los bienes de Concepción, como la falta o saca de “cera, bueyes, carretas y carretones de los indios vilelas, lules e isistines de los pueblos de San José, Miraflores y Balbuena”, mandó el gobernador a que Manuel del Castaño liquide su deuda o se niegue a ella ante el juez comisionado Juan Martínez. En caso de ser así, recibiría una citación para compadecer en su presencia en la hacienda de San Ignacio, para que se practiquen “las diligencias respectivas a esta averiguación y liquidación”.
Pero con el paso del tiempo, y debido a los animales adeudados, lo sucedido fue agravado por un pedido remitido por el doctor Lorenzo Suárez de Cantillana, quien manifestó, en carta al gobernador fechada el 21 de febrero de 1769, que Manuel del Castaño había pedido 25 bueyes de la reducción de los vilelas y que “nunca se devolvieron”, por lo que demandó reconocerlos en la tropa de carretas que se encontraba marchando, para remitirlos nuevamente a San José y a las demás reducciones que hubiesen sido perjudicadas por esa extracción de ganado. Ante esto, se libró una orden para que los guardias de San Miguel detengan al capataz del excomisionado, lo cual se llevó a cabo cuando la tropa de carretas pasaba por “las orillas” de la ciudad de Santiago del Estero, cuando se dirigían a Jujuy por intereses comerciales. En esa oportunidad, las carretas marchaban con ocho bueyes de la reducción de San José, 50 de Concepción, dos de San Esteban de Miraflores y ocho de Ortega, según las identificaciones de las marcas de los animales. Ante esto, el capataz Francisco Gómez se comprometió a entregar los bueyes al regreso de su marcha, lo que cumplió con la administración de las temporalidades de San Miguel, de modo que los animales fueron traspasados a los responsables designados por la Gobernación. Esto significa que, en febrero de 1769, y a pesar de que ya no estaba en funciones como administrador, Manuel del Castaño continuaba utilizando los animales de las reducciones en beneficio personal, además de que no había devuelto el ganado (o una parte) perteneciente a las misiones. Lo detallado en las actuaciones de Fernández Campero en contra de lo actuado por Manuel del Castaño, por su breve administración al frente de los bienes de las reducciones del Tucumán, representan no solamente a las funciones del superintendente de las temporalidades de los padres expulsados, sino también a los conflictos y a las averiguaciones que había llevado a cabo la Audiencia de Charcas con Martínez de Tineo como su presidente, quien era un funcionario enemistado con el gobernador y, además, cercano a los misioneros de San Ignacio de Loyola. Los errores, omisiones e irregularidades cometidas por el excomisionado no ayudaban a la situación de Fernández Campero, ya que se relacionaban con defraudaciones de los bienes gestionados, dentro de su mandato como gobernador y también como superintendente.
Para corroborar y determinar las diversas actividades de extracciones y usos de los bienes de la reducción que había realizado Manuel del Castaño entre 1767 y 1768, se designó a un corregidor de la misión, por intermedio del gobernador Fernández Campero, quien firmó, el 16 de enero de 1769, el título de nombramiento desde la ciudad de San Miguel de Tucumán. Las funciones fueron desempeñadas por el general Francisco Ximénez de Paz, alcalde de primer voto de Santiago del Estero en esos momentos. Tras jurar fidelidad en las salas consistoriales, el recientemente funcionario designado se trasladó a Sumampa para desarrollar sus primeras cuentas de la administración, las cuales se documentaron con fecha del 7 de julio y hasta el 27 de diciembre de 1769, tiempo en el que cesaron sus funciones. De manera formal, Ximénez de Paz reemplazó a Manuel del Castaño, quien le hizo entrega de las enumeraciones y elementos con los que había trabajado en la reducción desde 1767.
De las líneas escritas por Ximénez de Paz, resaltamos que recibió diversos elementos de uso diario, como agujas, botones, espuelas, clavos, cal, cuchillos, navajas, cebo y sombreros, además de 115 novillos, 15 caballos, 23 potros, 21 redomones, tres yeguas y tres terneras. También se detallaron fanegas de trigo, maíz y medidas de yerba, como alimentos de los abipones. Esta primera cuenta arrojó un valor de 679 pesos con 4 reales. A favor del pueblo, y por medio de truque, Ximénez de Paz había adquirido cera blanca, algodón, ají, piezas de Bretaña, añil y cuchillos. Algunos de estos elementos fueron obtenidos a cambio de reses, caballos y bueyes. Por la entrega de 38 fanegas de trigo en Santa Fe, la reducción se benefició con la llegada de dinero, medias de seda de hombre, cuchillos, piezas de Bretaña, sombreros, medias de capullo para mujer, tabaco, chalecos y yerba. Por otra parte, la cuenta de gastos ascendió a 990 pesos con 3 reales y medio (la salida era determinada con elementos de uso diario, ropa, dinero, accesorios, animales y alimentos), determinados por gastos en salarios de capataces y peones (entre ellos los dos pesos con seis reales abonados a “una india cocinera llamada Raimunda”, por el valor de una frazada y una vara de tafetán), conductores de carretas y salidas en beneficio de la familia del administrador.
Por lo referido a las cuentas de Manuel del Castaño, Ximénez de Paz documentó que el exadministrador le había entregado 15 fanegas de maíz, 11 varas de ropa y dos arrobas de alumbre, en cuanto a la suma de los bienes. De manera contraria, unas 665 mulas se registraron como otorgadas a Mariano Salvatierra, por orden de Fernández Campero, mientras que por disposición del lugarteniente se cedieron 210 arrobas de sebo a Antonio del Castillo, 50 novillos a Matheo Castaño y 4 novillos para el doctor Lorenzo Suárez de Cantillana, para la manutención de los vilelas. Además, unas cinco petacas de cera blanca habían sido enviadas a Santa Fe, más precisamente para Juan Francisco Aladao.
De acuerdo con José Ferreyra, el designado por el gobernador para controlar los registros efectuados desde julio a diciembre de 1769, los efectos del pueblo que no se encontraban al momento de las avaluaciones realizadas por Ximénez de Paz, es decir, de lo gestionado en el período anterior, debían ser pagados por Manuel del Castaño, por un total del 90% de 2.643 pesos con 1 real y medio, mientras que el restante 10% debía pasar a la cuenta del actual administrador. A Del Castaño le contabilizaron los faltantes de botones de metal, mazos de gargantillas, gorros de algodón, piezas de Bretaña, varas de bayeta, chalecos, varas de paño, añil, espuelas de hierro, camisas de lienzo, gorros de hilo, cuchillos, frazadas cordobesas y varas de ropa; y gastadas las medidas de yerba, tabaco, cueros y sebo. Por otra parte, Ximénez de Paz se hizo cargo de agujas, botones de metal, mazos de gargantillas, espuelas de hierro, varas de bayeta, tafetán, clavos de hierro, frazadas cordobesas, yerba, pólvora fina, grana, ruedas de carretas, tablas de cedro, 39 ovejas y 30 fanegas de trigo. Esta cuenta general “de todos los efectos que faltaron en el pueblo”, realizada por Ferreyra y complementada por la elaborada por Ximénez de Paz, fue aprobada el 8 de enero por el gobernador.
Estas breves líneas nos representan a la vida de la reducción de abipones, a los alimentos de sus integrantes y a los usos que les daban a los elementos, además de las comercializaciones de ganado y de artesanías y diversas ropas. Pero también manifiestan que, desde 1767, la administración civil comenzó a liquidar los bienes dejados por los jesuitas, ya sean por ventas, arriendos, remates, pérdidas o usos particulares. Estos valores solamente son una pequeña parte de lo encontrado en los inventarios labrados con el paso de los años, lo que significa que la riqueza de las reducciones era importante.

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