Acosta, quien resultó electo en los comicios del pasado 2 de agosto con el 48,95% de los votos, sostuvo que, luego de la derrota del oficialismo, comenzaron a retirarse muebles, equipamiento, materiales de obra y otros elementos pertenecientes a distintas dependencias municipales.
El futuro jefe comunal indicó que será necesario realizar un inventario presencial para determinar qué bienes permanecen en el edificio municipal y cuáles habrían sido retirados.
"Estamos trabajando para que el municipio no sea desmantelado. Tenemos el acompañamiento del Gobierno provincial y vamos a pelear por el resguardo de las cosas públicas. El patrimonio municipal es del pueblo y tenemos la obligación de defenderlo", expresó.
Entre los bienes que, según denunció, habrían sido retirados se encuentran reflectores, farolas, mobiliario, bancos, carteles, equipamiento sanitario y materiales destinados a obras públicas.
Acosta afirmó que una de las dependencias afectadas sería el polideportivo municipal, donde aseguró que se retiraron reflectores y luminarias. También sostuvo que en la oficina de Turismo fueron extraídos los muebles y reemplazados por otros de menor valor, mientras que en diferentes espacios públicos habrían desaparecido bancos, banquetas y hasta un mástil ubicado en la plaza principal.
Otra de las situaciones señaladas involucra al Servicio Integral Comunitario (SIC), donde funciona un centro de salud. El intendente electo manifestó que allí también se habría retirado equipamiento utilizado para la atención médica, entre ellos sillones odontológicos y otros elementos sanitarios, aunque aclaró que esa información deberá ser corroborada durante la auditoría.
Asimismo, denunció el presunto traslado de tubos de hormigón fabricados por el municipio hacia un predio de la Dirección Provincial de Vialidad en Sumampa. Según estimó, se habrían realizado varios viajes con ese material, aunque señaló que será la investigación la que determine si existían autorizaciones o convenios que justificaran esos movimientos.
Acosta también aseguró que se registraron modificaciones en vehículos oficiales, denunciando que algunos camiones municipales habrían sido desprovistos de neumáticos nuevos para colocarles cubiertas usadas. Además, afirmó que las oficinas administrativas estaban siendo vaciadas mediante el retiro de escritorios, mesas y sillas.
Frente a esta situación, confirmó que presentó una denuncia penal contra la actual intendenta y que solicitó formalmente la intervención de la Dirección General de Municipalidades, con el objetivo de que una comisión integrada por funcionarios, abogados y escribanos realice un inventario completo del patrimonio municipal.
En sus declaraciones, el dirigente también hizo referencia a la situación del personal comunal. Afirmó que más de 80 trabajadores incorporados durante el período electoral habrían sido desvinculados tras los comicios y denunció que algunos empleados con varios años de antigüedad fueron despedidos por razones políticas. No obstante, aseguró que durante su gestión se respetarán los puestos de trabajo del personal municipal.
Hasta el momento, las acusaciones formuladas por el intendente electo corresponden a su denuncia pública y deberán ser verificadas mediante la auditoría anunciada y las investigaciones administrativas y judiciales que se encuentren en curso.
Fuente: Nuevo Diario
